¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!
miércoles, marzo 31, 2010
Audio: Müller Rojas: “El proceso revolucionario está pésimo”
Texto: RCTV Audio: Diario Panorama-Zulia
En entrevista concedida al diario zuliano "Panorama", el ex vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Alberto Müller Rojas anunció su separación del mismo por considerarlo como "pésimo". "Es rara la vez que el Presidente me oye. Yo diría que desde el año pasado no hablamos", aseguró el veterano militar.
Müller Rojas evaluó el proceso revolucionario como pésimo, porque a su juicio es insano todo lo que está pasando. "Estamos cambiando un internacionalismo, que es la característica de las revoluciones, por un nacionalismo pequeño burgués que no representa las expectativas de la sociedad".
En relación con la separación del PSUV y el PPT, Müller Rojas aseveró que nunca consideró tal alianza patriótica. "Una alianza debe ser proporcional a lo que se aporta. Ellos (el PPT) tenían la pretensión de tener igualdad de condiciones a las del PSUV que tiene 32% del electorado, a ellos que tienen 0,2% del electorado. Ése es el tipo de alianza que ellos querían y que bastante la negocié hasta que me sustituyeron por un hombre más flexible que la aceptó".
Tiene una larga cabellera y barba gris espesa. El pro etarra Walter Wendelin también es alemán por lo que su gran parecido con Carlos Marx llama la atención en una Caracas vestida de rojo, ahora cuando su comandante en jefe se ha declarado oficialmente marxista.
Una extraña expulsión rodea su visita. Procedente de México, el barbudo alemán, dirigente del ilegalizado partido vasco Batasuna, brazo político del grupo terrorista ETA, fue retenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, antigua policía política Disip) desde que ingresó el sábado pasado al aeropuerto caraqueño de Maiquetía hasta que fue expulsado ayer martes a las seis de la tarde en un vuelo de Air France a París.
Las autoridades migratorias venezolanas no han dado ninguna explicación sobre su misteriosa expulsión. "Nunca le dijeron por qué lo detuvieron ni por qué no lo dejaron entrar al país", señaló Marino Alvarado, activista de los derechos humanos de la ONG, Provea.
Sin embargo, Wendelin era uno de los visitantes izquierdistas favoritos del gobierno venezolano. En diciembre pasado participó en el foro denominado "Amenazas imperialistas y resistencia popular. Hacia la construcción del frente antiimperialista", celebrado en Caracas donde fue entrevistado por la estatal Venezolana de Televisión.
Su caso fue relacionado con la solicitud que ha hecho la Audiencia Nacional de España al gobierno venezolano para la captura y deportación de algunos etarras refugiados en Venezuela.
El consejero de Información de la Embajada de España en Caracas, Javier Rubio, en declaraciones a ABC.es negó que haya intervenido en la detención y expulsión de Wendelín por cuanto "no tiene cuenta pendiente con la justicia española" pero elogió "el compromiso de cooperación" del gobierno venezolano en la lucha contra el terrorismo.
Tal vez Wendelin haya servido de señuelo o chivo expiatorio de ese "compromiso" porque el verdadero objetivo, el de la lista del juez español Eloy Velasco, está por verse si Caracas lo deporta a Madrid.
Quizás esta columna no llegue a tiempo para ser publicada en el conocido espacio semanal. Estoy preso y sometido a juicio penal mediante un arbitrario y atropellado procedimiento que, en tiempo record, ha servido para privarme de la libertad personal y colocarme en situación difícil para la defensa.
El 8 de marzo de este año fui invitado, al programa de opinión Alo ciudadano dirigido, en el canal de TV Globovisión, por el abogado y periodista Leopoldo Castillo. El tema fundamental giro en torno al Auto de Procedimiento dictado por el juez Eloy Velazco, magistrado de la audiencia nacional de España, relativo al sumario que se instruye sobre las probadas relaciones, según ese acto judicial, entre la ETA y las FARC de Colombia. En el expediente hay respaldos documentales y testimoniales suficientes como soporte al proceso. Adicionalmente el juez señala con nombres y apellidos, circunstancias de lugar y tiempo que permiten presumir participación y colaboración de miembros de ETA que viven en Venezuela y funcionarios vinculados al alto gobierno. Se trata, entre otras cosas, de cursos operativos para acciones terroristas e intercambio de tecnologías para la fabricación de instrumentos adecuados a esos fines.
El juez pidió la colaboración del gobierno venezolano, pero el Sr. Chávez respondió atacando tanto al presidente español como a la oposición, al juez Velazco y al ex presidente Aznar, a la corona española, al “imperialismo Yankee”, al gobierno colombiano y a todo el mundo.
Mi intervención se limito a criticar severamente esa conducta y a exigir las explicaciones y cooperación solicitadas por la justicia española y necesitadas por la opinión pública venezolana. Una vez más señale, que el terrorismo, el narcotráfico y las violaciones a los derechos humanos, son temas sometidos a jurisdicción internacional ocupando atención mundial. Lamentablemente Venezuela es mencionada, con creciente insistencia, con relación a la actitud del gobierno, como señalan múltiples informes de distintos países y organismos multilaterales.
Un par de diputados oficialistas solicitaron a la fiscalía del ministerio público una investigación en mi contra. Fui citado para ser imputado sin señalar el delito. Asistí y rechace los cargos. Exigí evacuación de diligencias y consigne recaudos en dos días hábiles consecutivos. Fui acusado por “Instigación al odio”, por “Divulgar informaciones falsas” y finalmente por “Conspiración”. En síntesis, tres delitos con penas que pueden ir desde tres hasta dieciséis años de prisión, según los casos.
El mismo día se ordeno mi detención. Estoy recluido por opinar, alertar y criticar al gobierno sobre asuntos que son del dominio público, a los cuales he dedicado buena parte de mi vida. Así esta Venezuela. Represión, violencia física e institucional para criminalizar la disidencia, cerrar medios de comunicación e impedir informaciones contrarias al régimen. Dictadura abierta. Pero, la cuenta regresiva esta en marcha.
Libertad de expresión en Venezuela “a punto de extinguirse” Gobierno Nacional avanza en la penalización de la opinión
Por: Moisés G. HernándezEl Carabobeño
Valencia, marzo 29 (REDACTA).- Con la detención del ex gobernador del Zulia Oswaldo Alvarez Paz, y el proceso judicial abierto contra el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, la libertad de expresión en Venezuela está en vías de extinguirse, tal como lo han advertido organismos internacionales y ONG defensoras de los derechos humanos.
Ambos personajes enfrentan procesos judiciales debido a opiniones emitidas recientemente contra el Gobierno venezolano. Alvarez Paz está detenido porque en el programa “Aló, ciudadano”, que transmite Globovisión, declaró el 8 de marzo que Venezuela “es uno de los países más importantes de tránsito de droga en el mundo, y todos sabemos que las estructuras operativas del narcotráfico, incluido todo lo que se refiere al lavado de dinero, le dan mucho soporte a las actividades terroristas en el mundo entero”.
La detención temporal del presidente del canal de noticias y la prohibición de salida del país dictada el pasado jueves, se debieron a las declaraciones que dio en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Aruba, donde acusó al presidente Hugo Chávez de “disparar y echarle plomo a los venezolanos” durante el golpe de Estado en su contra en 2002.
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, advierte que las declaraciones de Alvarez Paz “son de naturaleza política y es un debate absolutamente legítimo. Consideró, a partir de una cuestión de la Real Audiencia Española, lo que ocurre en el país. Igual ocurre con el caso de Zuloaga. Son valoraciones, opiniones, que no pueden ser sometidas a este tipo de cosas y lo que se hace es intimidar”.
El ex gobernador del estado Zulia reiteró las denuncias hechas por un juez español y la oposición de ese país contra el gobierno de Chávez. Lo acusan de colaborar supuestamente con las FARC y ETA.
En declaraciones recientes, la periodista y profesora de la Universidad Central de Venezuela, Gloria Cuenca, sentenció que el Gobierno retrocede en relación con la libertad de expresión, porque las opiniones son subjetivas y por tanto no necesariamente pueden calificarse de verdades.
Horas antes de la detención de Zuloaga, la Asamblea Nacional emitió un acuerdo de rechazo a sus declaraciones, pues “realizó falsos y graves señalamientos en contra del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, que intentan criminalizar y dañar la imagen del Gobierno constitucional y democrático de Venezuela”.
Para el director de la ONG Espacio Público, los últimos acontecimientos son una muestra de que “efectivamente se está avanzando en una penalización de la opinión”, pese a que “la tendencia en el ámbito mundial es eliminarla para que no se pueda detener a nadie por las opiniones emitidas”.
Castigo por opinar
En 2005 entró en vigencia una polémica reforma parcial del Código Penal Venezolano. En esta modificación se incluyeron artículos que vulneran el derecho a la expresión libre.
El artículo 147 del código establece que “quien ofendiere de palabra o por escrito, o de cualquier otra manera irrespetare al Presidente de la República o a quien esté haciendo sus veces, será castigado con prisión de seis a treinta meses si la ofensa fuere grave, y con la mitad de ésta si fuere leve. La pena se aumentará en una tercera parte si la ofensa se hubiere hecho públicamente”.
En el artículo 296-A se expresa que “todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años”.
La Constitución Nacional, en el artículo 57, señala no obstante que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”. En su último informe sobre Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identifica como principales problemas la falta de “efectiva separación e independencia de los poderes públicos” y el uso “del poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política”.
No hay certeza del número real de detenidos y presos por razones políticas, algunos hablan de 30, otros de 32 y algunos de hasta 68
Durante los 11 años de gobierno del presidente Hugo Chávez, Venezuela ha estado sometida a acciones y contracciones en todos sus sistemas, político, económico, social y cultural. Muchos de estos sucesos han sido reseñados en los medios internacionales. Sin embargo, el tema de los presos políticos ha sido soslayado.
Actualmente, el número de perseguidos y detenidos por disentir de las acciones del actual régimen, ha crecido de manera alarmante. Aquellos quienes, de una u otra forma expresan públicamente no estar dispuestos a someterse al pensamiento hegemónico y unidireccional desde la presidencia de la República, son amenazados, perseguidos física y psicológicamente y, sin aviso previo, pueden ser privados de su libertad.
Los procedimientos de reclusión son arbitrarios, llevados adelante con cinismo, bravuconerías y desplantes, burlando, descaradamente, los trámites establecidos por la ley. En este grupo, cada vez más plural, se encuentran militares, comisarios, jueces, funcionarios, periodistas, ex gobernadores, lideres estudiantiles, alguaciles, quienes ven, día tras día, burlados sus derechos de acceder a un sistema de justicia que funcione con equidad, imparcialidad y sobre todo respetando las leyes, la libertad de expresión y la Constitución.
No hay certeza del número real de los detenidos y presos por razones políticas. Tampoco es fácil establecer una secuencia jurídica o cronológica de los hechos. La arbitrariedad de los procedimientos dificulta su seguimiento. Algunos reportes hablan de 30 detenidos, otros de 32 y algunos de hasta 68, sin contar aquellos, conocidos o anónimos que han debido buscar refugio fuera de las fronteras.
Es así como en Venezuela, poco a poco, el miedo se desparrama por las calles. El terror a la agresión provoca una inseguridad que se incrusta en nuestras espaldas, estimulando la autocensura, tanto individual como de los medios los cuales, muchos ya han sido cerrados y los pocos que permanecen con sus canales abiertos, están sometidos a leyes que reducen al mínimo su capacidad de informar.
Sabemos que este pasado diciembre fue la séptima Navidad tras las rejas políticas para los comisarios Simonovis, Vivas y Forero y los seis policías metropolitanos sentenciados a penas entre 17 y 30 años sin que ninguna de las acusaciones llegase a ser probada. Fue la primera Navidad bajo las rejas para el periodista Gustavo Azócar, detenido en el centro penitenciario de Occidente, estado Táchira, cuyo caso continúa, minuto a minuto, estremeciendo no sólo a su gremio, sino a la población local y a la comunidad nacional.
Azócar declaró el pasado 23 de febrero: "Llevo 215 días preso en una cárcel venezolana por haber cometido el delito de decir la verdad. Estoy preso por opinar, por escribir, por investigar, por denunciar la corrupción de algunos funcionarios gubernamentales como el ex gobernador del estado Táchira y actual embajador de Venezuela en Cuba, el capitán Ronald Blanco La Cruz (uno de los militares golpistas del 4 de febrero de 1992) y de la diputada María Iris Varela Rangel, una de las congresistas más radicales del régimen. Estoy físicamente en prisión, pero mi mente, mi espíritu y mi dignidad siguen intactas. Que el mundo entero lo sepa. En Venezuela hay presos por pensar diferente. Hay presos por disentir. Hay presos por negarse a ser socialistas o comunistas. Hay presos por decir la verdad".
La juez Lourdes Afiuni, quien lleva más de cien días detenida en el INOF, en una celda de 8 m2 y con una condena de 35 años de presidio impuesta por el jefe de Estado en cadena nacional, no pierde las esperanzas de demostrar que no cometió los delitos previstos en la ley contra la corrupción y el código penal de los cuales la acusa el ministerio. Muy al contrario se apegó a la ley y sí firmó una medida menos gravosa y dejó en libertad al preso político Eligio Cedeño, pagando ella el precio de su cárcel política. Afiuni afirma que la justicia venezolana está de rodillas: "para ser juez o fiscal no se puede ser cobarde. Me considero una presa política porque en mi expediente no existe nada. Además en cadena nacional mandó a que me dieran la pena máxima y hasta dijo que era merecedora de un fusilamiento". Ya su caso reposa en los escritorios del Consejo de los DD.HH. de la ONU según comunicado del 11 de marzo. El pasado 18, su causa fue paralizada.
"Nosotros queremos que la comunidad internacional sepa que en Venezuela existe persecución política", declaró María del Pilar Simonovis, esposa del comisario Iván Simonovis, juzgado y condenado a 30 años de prisión por su supuesta responsabilidad en los hechos del pasado 11 de abril de 2002.
Entre los perseguidos por el régimen de Hugo Chávez y actualmente exiliados del país podemos reseñar, entre otros, al ex gobernador de Zulia y ex alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, el ex dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes, Nixon Moreno, el líder de Alianza Bravo Pueblo, Oscar Pérez, el ex gobernador de Aragua, Didalco Bolívar, el ex gobernador de Sucre, Ramón Martínez y el ex gobernador de Guárico, Eduardo Manuitt.
Vale destacar el caso del prefecto de Caracas Richard Blanco, quien lleva a la fecha de escribir esta nota siete meses preso, retenido violentamente y sin argumentaciones conocidas.
Igualmente continúa preso el militar Raúl Isaías Baduel, participante en el golpe que dio el Presidente H. Chávez y ex Ministro de Defensa del régimen, quien fuera detenido frente a su hogar en Maracay y detenido sin mediar argumentación legal alguna.
Otro miembro del ejército venezolano, Francisco Usón, fue hecho preso en el 2004, en el aeropuerto de Ciudad Guayana por la justicia militar por supuestas injurias a la fuerza armada nacional, juzgado y condenado a cinco años y seis meses. Usón salió en libertad condicional el 24 de Diciembre de 2007. Su caso había sido elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien demandó al Estado venezolano por violador de DD.HH.
Otro caso es el del agricultor Franklin Brito, quien ha realizado seis huelgas de hambre, las últimas frente a la sede de la OEA en Caracas, y, a punto de morir, fue trasladado a media noche a la fuerza, secuestrado, al Hospital Militar donde permanece sedado y "recluído" en terapia intensiva. Su esposa Helena y su hija de 20 años, se sumaron, sin éxito, a la huelga de hambre, en protesta por el arrebato que sufrieron de su finca 'La Iguaya' en el Estado Guárico y el manipuleo burocrático y engañoso a que los sometieron. Según PROVEA, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, le fue negado, el pasado 27 de diciembre, la solicitud de habeas corpus introducida por ellos ante la Sala V de la Corte de Apelaciones.
Carlos Crespo escribe declaraciones de F. Brito, en el diario 'Tal Cual' (07/01/10): "Temo que me suministren una droga o medicamento que justifique lo que se ha dicho sobre mi estado mental". Esto es una muestra de la aplicación de medidas estalinistas que privan de libertad, tildando de locos a aquellos quienes disienten de sus dictámenes. Aún F. Brito está recluido a la fuerza en el Hospital Militar de Caracas.
La situación de los presos políticos en Venezuela fue denunciada por Patricia Andrade, presidenta de 'Venezuela Awareness Foundation' (08/02/10): "Esto ubica a Venezuela en el segundo país con más presos políticos y deplorable situación de los derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe, después de Cuba".
PROVEO afirma que en Venezuela, hasta ahora, hay 2.300 personas a las que se le siguen procesos judiciales luego de ser detenidas en manifestaciones públicas contra el régimen actual. Aleksander Boyd, director de PROVEO declaró la existencia de 15 muertos y 178 presos políticos en Venezuela.
Estos casos, aparentemente aislados, merecen que sus historias sean contadas más allá de nuestras fronteras y, aunque a veces sea complejo comprender lo que sucede en Venezuela, ellos hablan por si solos. Sin embargo, la Dra. Luisa Stella Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, declaró el pasado 9 de marzo: "En primer lugar debo decir categóricamente que en Venezuela no conozco ningún preso político, si yo los conociese pudiese opinar, pero no los conozco, no sé, no tengo conocimiento de presos políticos en Venezuela".
En esta semana detuvieron al Oswaldo Álvarez Paz, quién fue candidato a la presidencia del la República por el Partido Copei, presidente de la cámara de diputados del congreso nacional, y ex gobernador del Zulia, acusado por la fiscalía general, de conspiración e instigación para delinquir al opinar en un canal de TV, que "Venezuela se ha convertido en centro de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico".
Esto es una llamada de atención al mundo entero.
En Venezuela vivimos una dictadura de facto, revestida de un ropaje de democracia.
“Hay que ir contra Chávez y que se meta el petróleo donde le quepa”
Fuente: ABC de España
El presidente de los populares vascos reclama al Gobierno español que rompa relaciones con el venezolano
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado hoy que "Venezuela es el nuevo santuario de ETA", por lo que el Gobierno de España tiene que ser "mucho más duro y firme" frente al presidente Hugo Chávez y que éste "se meta el petróleo por donde le quepa".
Basagoiti ha dicho que "no" le han "gustado nada" los "insultos que ha recibido Jaime Mayor del entorno del partido socialista", tras las declaraciones del eurodiputado del PP sobre la posibilidad de que el Gobierno negocie con ETA.
Respecto a la presencia de etarras en el país latinoamericano, Basagoiti ha considerado que "la Venezuela de Chávez es el nuevo santuario de ETA, y hay que ser mucho más duro y firme frente al Ejecutivo de Venezuela".
"España no se puede permitir que la banda de mayores asesinos y que más ataca la democracia española tenga un refugio en un país en el año 2010", ha agregado.
Amigos de Zapatero
Para Basagoiti, España tiene dos problemas en este asunto: el primero, que "tanto Chávez como Castro eran los más amigos de Zapatero cuando éste llegó al Gobierno", y el segundo, "que no se están atreviendo a meterse con Venezuela porque tiene petróleo".
«La dignidad y la libertad están antes que el dinero», apuntilla el líder de los populares vascos" En ocasiones la dignidad y la libertad están antes del dinero: por eso, yo lo que digo es que Chávez se meta el petróleo por donde le quepa, que España defienda la libertad y la democracia y vaya hasta el final contra ese país que está siendo santuario y cobijo de los que atacan nuestra Constitución", ha insistido Basagoiti.
Respecto a las declaraciones de Mayor sobre la posibilidad de que el Gobierno negocie con ETA, Basagoiti ha dicho que son "un diagnóstico que ha hecho y tiene que ser respetado", aunque ha añadido: "Nuestra obligación es ceñirnos a los hechos, y a día de hoy los pasos que se dan son por la derrota del terrorismo".
El líder del PP vasco ha añadido que "la desconfianza que existe hacia la política antiterrorista del Gobierno es normal, porque el Ejecutivo de Zapatero ha hecho estos años de todo y lo contrario, pero nuestra obligación es atenernos a los hechos".
Así, Basagoiti ha recordado que el pacto firmado entre el PSE y el PP en el País Vasco "en lo que tiene que ver con la deslegitimación de ETA se está cumpliendo: se lleva a las aulas y se está cumpliendo con la eficacia de la Ertzaintza". El dirigente del PP ha concluido que "en el pacto firmado con el PSE hay dos frases que son claves: hay que derrotar las pretensiones de ETA y que ETA no sacará ventaja política; mientras se cumpla esto, va a ir bien, y si el Gobierno va en esa dirección, tendrá nuestro apoyo tanto en Euskadi como en el conjunto de España".
Los informes de la Comisaría General de Información sobre la presencia de etarras en Venezuela hacen cada día más difícil el empeño del Gobierno socialista en salvar la cara de su amigo Hugo Chávez. En octubre pasado, varios policías españoles interrogaron a ex terroristas de las FARC, quienes confirmaron que unos miembros de ETA habían dado cursos de adoctrinamiento político a los narcoterroristas y habían probado explosivos con «hexógeno», la sustancia reforzante que los etarras utilizaron en el brutal atentado cometido en la Terminal 4 de Barajas, que se saldó con el asesinato de dos inmigrantes ecuatorianos. No es verosímil que un Gobierno totalitario como el venezolano no estuviera al corriente de estas actividades terroristas de la alianza FARC-ETA, sino todo lo contrario. Los datos que hizo constar el juez Eloy Velasco en su auto de procesamiento, que relataba cómo militares venezolanos acompañaban a etarras en alguno de sus desplazamiento, son coherentes con esta información sobre pruebas con explosivos.
Además, el testimonio de ex terroristas de las FARC refuerza las imputaciones del juez Velasco y desarma argumentalmente a quienes descalificaban sus opiniones por estar basadas en el ordenador personal incautado al dirigente terrorista Raúl Reyes. La posición blanda del Gobierno socialista ante la autocracia chavista es la peor de las opciones posibles. Por lo pronto, aún no ha conseguido que el director general de la Policía pueda viajar a Venezuela, pese a que la visita fue anunciada por el Gobierno español hace dos semanas. La relación de las FARC y el Gobierno venezolano con ETA empieza a tener nombre en atentados concretos con víctimas mortales. Esto ya no es un juego de sospechas o indicios. Es mucho más grave que todo esto, aunque el Gobierno actúe como si no lo fuera. No hay intereses económicos ni de otra índole que justifiquen la indolencia del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ante Chávez. La lucha contra ETA es una línea roja que España siempre ha hecho valer a democracias europeas y organismos internacionales que se mostraban, al menos, comprensivos con el terrorismo etarra. La firmeza de entonces es la causa de que hoy ETA esté deslegitimada en casi todo el mundo. No hay motivo para que al Gobierno venezolano no se le exija lo mismo.
Terrorismo: La ETA y las FARC no son cosas sencillas
Por: Elsy Manzanarez – La Prensa – Nicaragua En días pasados la noticia sobre Venezuela, que ocupó diarios importantes, es la acusación que hace el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, a Hugo Chávez, de cooperar tanto con ETA como con la guerrilla de las FARC.
Estar involucrado con sendas organizaciones terroristas no es cosa sencilla, sobre todo si recordamos que el propio Chávez hace un par de años solicitó le fuese conferido el estatus de fuerzas “beligerantes” a las FARC.
Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular español, exhortó al gobierno del PSOE a explicar ante las Cortes a la ciudadanía todo lo que sabe de este asunto, así como las medidas que tomará al respecto y las decisiones, y añadió la necesidad de que el Ejecutivo entre en contacto con el Embajador de Venezuela en España.
En Caracas primero un escueto comunicado del Canciller venezolano llenó de los acostumbrados epítetos y frases en contra de quienes hacen esas acusaciones. Pero habló el mismísimo Chávez, dos días después, y dijo claramente que él no le daría explicaciones a nadie, porque ésta era una acusación temeraria orquestada por Uribe y el Gobierno de Estados Unidos, lugar común, claro.
El pronunciamiento de España tendrá que ser todo lo contundente que exige una acusación de ese tamaño y los venezolanos insistiremos, como lo hemos hecho tantas veces, en una explicación de un gobierno que no dice nada aunque hable mucho, no rinde cuentas, no da explicaciones, y al final hace lo que le da la gana con una Asamblea Nacional genuflexa y confesa, que está allí para apoyar todas las órdenes del Presidente.
El Partido Popular pide llamar de inmediato al embajador para que dé explicaciones a los españoles, igualmente le han pedido a Zapatero que tenga muy claro quiénes son sus aliados al referirse también al penoso caso de Orlando Zapata, preso de conciencia, quien murió recientemente en un hospital al que fue enviado desde una de las terribles cárceles de la dictadura cubana, tras 86 días de huelga de hambre.
Moratinos seguramente también tendrá mucho qué decir tanto a España como al mundo, dada su amistad, cercanía y defensa que ha demostrado siempre del gobierno totalitario de Venezuela.
El propio Chávez, en cadena de casi 5 horas, para mostrar que hay una campaña de vacunación, dijo que Moratinos le dijo textualmente “sepa usted que mi gobierno no tiene nada que ver con esto” y agregó que en ningún momento el Canciller español le pidió explicación.
Esperaría que el Gobierno de España solicite esa explicación, dado que es un juez quien hace la acusación, esperamos los venezolanos que esto se aclare y que se lleve hasta sus últimas consecuencias, porque se trata no sólo de un hombre, se trata de un gobierno, de un país que arrastra totalmente una acusación de este tamaño.
Por lo pronto, Chávez puede decir que no da explicaciones, pero el momento de explicar tendrá que llegar, no sé si ante los venezolanos o ante la Corte Internacional, pero de lo que estoy segura es que la amistad con grupos terroristas no puede nunca quedar impune.
